La Unión Europea ha dado un nuevo paso en su respuesta a los crímenes de guerra cometidos por Rusia al imponer sanciones contra 16 personas y siete entidades rusas directamente implicadas en la deportación sistemática e ilegal de menores ucranianos. El Consejo de la UE hizo pública la medida este lunes tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Bruselas.
Un crimen calificado de ‘uno de los peores de la guerra’
La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, no escatimó en dureza al valorar las nuevas medidas. ‘De todos los horrores infligidos por la guerra de Rusia, la deportación y el traslado forzoso de niños ucranianos es uno de los peores crímenes’, declaró ante los medios de comunicación presentes en la capital belga.
Las sanciones apuntan específicamente a quienes han participado en el traslado forzoso, la asimilación y el adoctrinamiento de niños ucranianos. Entre las prácticas denunciadas figuran la educación militarizada, las adopciones ilegales y los programas de orientación ideológica diseñados para borrar la identidad ucraniana de los menores.
Congelación de activos y prohibición de viajar
Las medidas adoptadas incluyen la congelación de activos de todos los incluidos en la lista, así como la prohibición expresa de que ciudadanos y empresas de la Unión Europea pongan fondos o recursos económicos a su disposición. Además, los sancionados tienen vetada la entrada o el tránsito por cualquier país miembro del bloque europeo.
Con estas nuevas incorporaciones, el número total de personas y entidades sometidas a sanciones europeas por los secuestros de menores supera ya las 130.
Cifras que estremecen
Ucrania ha podido verificar la deportación de más de 20.500 niños a territorio ruso. Sin embargo, el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale estima que la cifra real podría acercarse a los 35.000. El propio gobierno de Moscú ha llegado a sugerir, en distintas ocasiones, que el número podría alcanzar los 700.000 menores.
El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, fue contundente al descartar cualquier interpretación accidental de los hechos: ‘No se trata de daños colaterales. Se trata de una política deliberada de Rusia destinada a destruir la identidad ucraniana. Se obliga a los niños a olvidar quiénes son, de dónde vienen e incluso su lengua’.
Instituciones educativas rusas, también en el punto de mira
Entre las siete entidades sancionadas se encuentran instituciones estatales federales rusas vinculadas al Ministerio de Educación. Según el Consejo de la UE, estas organizaciones han coordinado, junto a las autoridades de ocupación impuestas por Moscú, programas que someten a los niños ucranianos a adoctrinamiento prorruso mediante actos patrióticos, formación ideológica y actividades de carácter militar.
La ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braže, fue más allá en su análisis y vinculó estas prácticas con el delito de genocidio: ‘Rusia intenta borrar su identidad. Si nos fijamos en la Convención sobre el Genocidio, es una de las características de ese delito. Por tanto, es muy grave’.
Presión diplomática en aumento
Paralelamente a las sanciones, la UE acogió este lunes, junto a Canadá, una reunión de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, un foro creado para intensificar la presión diplomática sobre Moscú y reforzar los trabajos de verificación y localización de los menores desaparecidos.
La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, resumió con crudeza el sentido del encuentro: ‘La guerra tiene muchas caras, pero el robo de niños es una de las más horribles. Debemos poner fin a esto, y Rusia debe pagar’.
Kos también recordó que el pasado domingo, Día de la Madre, decenas de miles de mujeres ucranianas tuvieron que vivirlo sin sus hijos a su lado, una imagen que, según dijo, no debería existir en ninguna parte del mundo.
Cabe recordar que en marzo de 2023 la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin, acusándolo de responsabilidad personal en estos secuestros. Pese a ello, establecer la rendición de cuentas plena sigue siendo un proceso complejo y lleno de obstáculos legales e institucionales.
