El anuncio del presidente Gustavo Petro de liquidar la empresa Air-e podría tener consecuencias catastróficas para millones de colombianos que habitan la Costa Caribe. Según Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), apagar esta compañía de manera abrupta equivaldría a dejar automáticamente sin servicio eléctrico a toda una región que concentra cerca de ocho millones de personas.
La advertencia del gremio energético no es menor: Castañeda señaló que el Gobierno nacional no ha adelantado ninguna gestión concreta para identificar o contratar un operador alternativo que pueda sustituir a Air-e en la prestación del servicio de distribución eléctrica. Esto significa que, de ejecutarse la liquidación sin un plan de transición, el apagón no sería metáfora sino una realidad inmediata y de proporciones históricas para el norte colombiano.
Contexto y antecedentes
Air-e es la empresa distribuidora de energía eléctrica que opera en los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar, tres de los territorios más poblados y estratégicos del Caribe colombiano. La compañía lleva años en el centro de la controversia: fue intervenida por el Estado colombiano precisamente por sus graves problemas financieros, operativos y por los altos índices de pérdidas de energía —tanto técnicas como no técnicas— que dispararon las tarifas y deterioraron la calidad del servicio para los usuarios.
La intervención gubernamental fue presentada en su momento como una medida de salvamento. Sin embargo, la administración Petro ha escalado su postura hasta plantear la liquidación definitiva de la empresa, en un contexto más amplio de revisión del modelo de prestación privada de servicios públicos esenciales. El presidente ha cuestionado abiertamente el esquema de concesiones eléctricas en regiones históricamente marginadas, argumentando que el negocio privado ha fallado a las comunidades más vulnerables del país.
Andeg, que agrupa a los principales generadores de electricidad del país, ha sido una voz crítica frente a las decisiones del Ejecutivo en materia energética. Castañeda insiste en que cualquier proceso de liquidación o cambio de operador requiere meses de preparación técnica, legal y logística, y que hacerlo sin ese andamiaje previo es, sencillamente, irresponsable desde el punto de vista de la seguridad energética nacional.
Los puntos clave
- Riesgo de apagón inmediato: Según Andeg, liquidar Air-e sin un operador sustituto listo dejaría automáticamente sin electricidad a toda la Costa Caribe colombiana, afectando a millones de hogares, hospitales y empresas.
- Ausencia de plan de transición: El gremio energético afirma que el Gobierno no ha iniciado ninguna gestión para encontrar o habilitar un nuevo operador que tome el control de la red de distribución.
- Tres departamentos en riesgo: Air-e presta el servicio eléctrico en Magdalena, La Guajira y Cesar, territorios con alta vulnerabilidad social y económica, donde una interrupción del servicio tendría un impacto humanitario severo.
- Contexto de intervención previa: La empresa ya se encontraba intervenida por el Estado colombiano debido a su deterioro financiero y operativo, lo que complica aún más un proceso de liquidación ordenada.
- Debate sobre el modelo energético: La situación refleja la tensión de fondo entre el gobierno Petro y el sector privado de servicios públicos, en un momento en que Colombia también enfrenta una crisis hídrica que presiona el sistema eléctrico nacional.
¿Qué significa esto?
Más allá de la disputa política, lo que está en juego es la continuidad de un servicio esencial para comunidades que históricamente han tenido acceso deficiente a la electricidad. Un corte abrupto no solo apagaría las luces de los hogares: paralizaría el comercio, pondría en riesgo vidas en centros médicos dependientes de equipos eléctricos, interrumpiría el suministro de agua potable en zonas que dependen de bombeo eléctrico y agravaría condiciones de pobreza ya críticas en departamentos como La Guajira.
Desde el punto de vista institucional, la situación evidencia un problema de gobernanza energética: las decisiones de alto impacto se anuncian públicamente antes de contar con los mecanismos técnicos y jurídicos para ejecutarlas de forma segura. Esto genera incertidumbre en los mercados, alarma en el sector y, sobre todo, angustia legítima entre los usuarios finales, quienes ya padecen tarifas elevadas y un servicio deficiente.
Perspectiva para América Latina
El caso colombiano no es aislado en la región. América Latina ha sido escenario recurrente de debates sobre la privatización o re-estatización de servicios públicos esenciales, con experiencias muy diversas en países como Argentina, Bolivia, Venezuela y Chile. Lo que el episodio de Air-e ilustra con claridad es que el problema no es solo ‘público versus privado’: es la capacidad del Estado para gestionar transiciones complejas sin poner en riesgo a la población más vulnerable. La lección que observan con atención los analistas regionales es que los anuncios sin planificación pueden resultar más dañinos que el statu quo que se pretende corregir.
Para inversores y operadores del sector energético en la región, la situación en Colombia también envía una señal de alerta sobre los riesgos regulatorios y políticos en mercados donde el marco institucional puede cambiar de manera abrupta. Esto tiene implicaciones directas para la atracción de capital hacia proyectos de infraestructura energética en economías emergentes latinoamericanas.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en si el Gobierno colombiano presenta un plan concreto de transición que garantice la continuidad del servicio antes de avanzar en cualquier proceso de liquidación. La presión de Andeg, de las autoridades regulatorias y de las propias comunidades del Caribe podría forzar una rectificación o, al menos, una hoja de ruta más ordenada. Lo que queda claro es que la Costa Caribe no puede permitirse convertirse en el laboratorio de un experimento sin respaldo técnico ni jurídico.
