Tres organismos de alto peso internacional y moral se unieron para expresar su profunda preocupación por la situación humanitaria en el Catatumbo, la región colombiana del departamento de Norte de Santander que acumula décadas de violencia y que en los últimos meses ha escalado a niveles alarmantes. El pronunciamiento conjunto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Conferencia Episcopal de Colombia llegó apenas dos días después de que seis personas fueran asesinadas en la carretera que une los municipios de Ocaña y Ábrego, una masacre que se suma a un largo rosario de crímenes en la zona.
El hecho no es menor: cuando organismos con mandatos y visiones tan distintas como la ONU, la OEA y la Iglesia católica colombiana confluyen en un mismo comunicado de alarma, la señal que envían es inequívoca. El Catatumbo atraviesa una crisis humanitaria que ya no puede ser tratada como un asunto de orden público local, sino como un problema que exige atención nacional e internacional urgente. Según el último reporte de Indepaz, con esta masacre Colombia acumula 56 masacres en lo que va de 2026, con al menos 229 víctimas en todo el país.
Contexto y antecedentes
El Catatumbo es una de las regiones más complejas de Colombia desde el punto de vista geopolítico y humanitario. Enclavada en Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, esta zona ha sido históricamente disputada por grupos armados ilegales que se nutren del cultivo de coca, el contrabando y el control territorial. Durante décadas fue un bastión paramilitar, luego guerrillero, y hoy es escenario de una feroz disputa entre el ELN, disidencias de las FARC y otras estructuras criminales que se niegan a ceder el control sobre sus rutas y economías de guerra.
El deterioro actual se agudizó tras el fracaso relativo de los diálogos de paz del gobierno de Gustavo Petro con el ELN, que atraviesan una parálisis profunda. La llamada ‘paz total’, bandera central del ejecutivo colombiano, ha mostrado fisuras importantes en territorios como el Catatumbo, donde los acuerdos de cese al fuego no han sido respetados y la violencia contra civiles continúa con brutalidad. Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de la región son quienes pagan el precio más alto de este abandono estructural del Estado.
La masacre ocurrida en la vía Ocaña-Ábrego no es un hecho aislado. En los últimos meses, el Catatumbo ha registrado desplazamientos masivos, bloqueos de vías, reclutamiento forzado de menores y asesinatos selectivos de líderes sociales. La incapacidad del Estado para garantizar presencia efectiva en estos territorios ha creado un vacío que los actores armados aprovechan con total impunidad.
Los puntos clave
- La ONU, la OEA y la Conferencia Episcopal de Colombia emitieron un pronunciamiento conjunto alertando sobre el ‘grave deterioro’ de la seguridad en el Catatumbo, región de Norte de Santander.
- El comunicado se produjo dos días después de la masacre de seis personas en la carretera que une Ocaña y Ábrego, uno de los corredores estratégicos de la zona.
- Según Indepaz, Colombia acumula 56 masacres en 2026, con 229 víctimas en total, lo que convierte este año en uno de los más violentos en términos de crímenes colectivos.
- La región del Catatumbo es disputada por el ELN, disidencias de las FARC y otras estructuras criminales que controlan economías ilegales vinculadas al narcotráfico y el contrabando fronterizo con Venezuela.
- El deterioro se produce en el contexto del estancamiento de la política de ‘paz total’ del gobierno de Petro, que no ha logrado traducirse en condiciones de seguridad reales para las comunidades más vulnerables.
¿Qué significa esto?
El pronunciamiento conjunto de estos tres organismos tiene un peso simbólico y político que no debe subestimarse. Implica que la situación en el Catatumbo ha trascendido los límites de lo que el Estado colombiano puede gestionar en silencio. La ONU y la OEA cuentan con mecanismos de seguimiento y presión diplomática que, cuando se activan de manera coordinada, obligan a los gobiernos a rendir cuentas ante la comunidad internacional. Para el gobierno de Petro, que ha hecho de la paz y los derechos humanos sus principales banderas políticas, esta advertencia resulta especialmente incómoda.
Para las comunidades del Catatumbo, el impacto es devastador y cotidiano: familias que no pueden circular libremente, campesinos que no pueden cosechar, niños que crecen bajo la amenaza del reclutamiento forzado y líderes sociales que son asesinados por defender sus territorios. La crisis humanitaria tiene un rostro humano muy concreto que los comunicados institucionales apenas logran capturar. Lo que está en juego no es solo la seguridad de una región: es la viabilidad del modelo de construcción de paz en Colombia.
Perspectiva para América Latina
El Catatumbo es, en cierta medida, un espejo de los dilemas que enfrentan varios países latinoamericanos donde el Estado coexiste con economías ilegales y actores armados en territorios históricamente marginados. La frontera colombo-venezolana, de la que el Catatumbo forma parte, es hoy uno de los corredores de mayor actividad criminal del continente, con implicaciones directas para Ecuador, Perú, México y los países de tránsito hacia América del Norte. El reciente descubrimiento de redes que conectan estructuras colombianas con carteles mexicanos para el tráfico de cocaína y fentanilo muestra que la crisis del Catatumbo no es un problema localizado, sino un nodo dentro de una red criminal de alcance hemisférico.
Para América Latina, la pregunta que plantea este caso es estructural: ¿puede un gobierno progresista, con todas sus buenas intenciones en materia de paz, lograr transformar territorios capturados por décadas de violencia sin reformas profundas en el modelo de desarrollo, en la presencia institucional y en la cooperación regional? La respuesta que Colombia encuentre tendrá lecciones —y advertencias— para toda la región.
En las próximas semanas, la mirada estará puesta en la respuesta del gobierno de Petro ante esta presión internacional: si anuncia una estrategia concreta para el Catatumbo, si reactiva los diálogos con los grupos armados que operan en la zona o si la tragedia de Ocaña-Ábrego queda reducida a otro episodio más en la larga crónica de la violencia colombiana sin que nada cambie de fondo.
