Un obstáculo regulatorio amenaza con comprometer uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de Colombia. La filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), TGI, no estaría habilitada para comercializar el gas natural licuado (GNL) que planea importar a través de su terminal regasificadora en La Guajira, cuya entrada en operación estaba prevista para finales de 2027. El hallazgo, que apenas trasciende a la opinión pública, pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede seguir adelante un megaproyecto energético cuando su modelo de negocio central está bloqueado por las propias normas del sector?
El caso no es menor. Colombia enfrenta una vulnerabilidad energética creciente, agravada por los efectos del fenómeno de El Niño sobre los embalses que alimentan las hidroeléctricas del país. En ese contexto, la llegada de nuevas fuentes de gas importado era considerada una solución estratégica para garantizar el suministro eléctrico en los próximos años. Que uno de los proyectos clave tenga sus bases legales en entredicho genera alarmas en el sector y obliga a revisar con urgencia el marco normativo que regula a los transportadores de gas en el país.
Contexto y antecedentes
TGI —Transportadora de Gas Internacional— es la empresa de transporte de gas más grande de Colombia, operando la red troncal que conecta los principales campos productores con los centros de consumo del país. Como transportadora, su negocio está definido y limitado por la regulación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG): puede mover gas, pero no necesariamente comprarlo y venderlo en el mercado. Esta distinción, aparentemente técnica, es el nudo gordiano que ahora enfrenta el proyecto de regasificación en La Guajira.
El plan de TGI contemplaba construir y operar una terminal flotante de almacenamiento y regasificación (conocida como FSRU, por sus siglas en inglés) en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia. La intención era importar GNL desde mercados internacionales, regasificarlo e inyectarlo a la red nacional. Sin embargo, para que ese modelo sea viable, la empresa necesita poder actuar también como comercializadora del gas, un rol que la regulación vigente no le reconoce explícitamente a los transportadores.
Este proyecto se suma a una cadena de retrasos que ya sacude al sector. Ni Ecopetrol ni la propia TGI han logrado materializar sus terminales de regasificación en los plazos prometidos, lo que ha dejado a Colombia con una única instalación operativa: la regasificadora de Cartagena, conocida como Calamarí. Esa planta se ha convertido en el último recurso del sistema energético nacional ante posibles crisis de abastecimiento durante períodos secos.
Los puntos clave
- Restricción de rol comercial: TGI, en su condición de transportadora de gas, no cuenta con habilitación regulatoria para vender el gas que importaría, lo que compromete la viabilidad financiera del proyecto.
- Fecha límite bajo presión: La entrada en operación de la regasificadora estaba proyectada para finales de 2027, un plazo que ya luce ajustado incluso sin considerar el obstáculo regulatorio.
- Dependencia crítica de Cartagena: Ante los retrasos de TGI y Ecopetrol, la terminal Calamarí en Cartagena es actualmente la única regasificadora operativa del país, lo que concentra un riesgo sistémico enorme.
- Impacto en la seguridad energética: Colombia depende cada vez más del gas para generar electricidad cuando los embalses bajan su nivel por el fenómeno de El Niño, haciendo urgente la diversificación de fuentes de importación.
- Necesidad de ajuste normativo: Resolver el problema exigiría una modificación regulatoria de la CREG o una restructuración del modelo empresarial de TGI, procesos que toman tiempo y que añaden incertidumbre al cronograma del proyecto.
¿Qué significa esto?
Más allá del debate técnico-regulatorio, lo que está en juego es la capacidad de Colombia para garantizar el suministro de energía eléctrica a millones de hogares y empresas en los próximos años. El gas natural es el combustible de respaldo del sistema eléctrico colombiano: cuando los ríos bajan y las represas no tienen suficiente agua, las plantas termoeléctricas que funcionan con gas deben asumir el relevo. Si no hay suficiente gas disponible —ya sea por producción nacional en declive o por falta de infraestructura de importación—, el país se expone a cortes de energía generalizados, con consecuencias económicas y sociales severas.
Para TGI y su matriz GEB, el impacto también es corporativo. El Grupo Energía Bogotá ha apostado fuertemente por la transición y diversificación energética, y la regasificadora de La Guajira era una pieza central de esa estrategia. Un freno regulatorio no resuelto a tiempo podría obligar a replantear el modelo de negocio del proyecto, buscar socios comercializadores, o incluso solicitar cambios normativos de emergencia ante la CREG, un proceso que rara vez es rápido en Colombia.
Perspectiva para América Latina
El caso de TGI refleja un dilema que varios países latinoamericanos enfrentan al intentar modernizar sus matrices energéticas: los marcos regulatorios, diseñados en otra época y para otro contexto, no siempre están preparados para acomodar nuevos modelos de negocio o nuevas tecnologías de manera ágil. Argentina, Chile y Brasil han atravesado tensiones similares al intentar incorporar terminales de GNL a sus sistemas, y en todos los casos la velocidad de adaptación normativa fue un factor determinante entre el éxito y el fracaso de los proyectos. Para la región, que depende cada vez más del gas como puente hacia energías más limpias, la lección es clara: sin regulación flexible y anticipatoria, la infraestructura energética del futuro llega tarde.
Lo que hay que seguir de cerca
En las próximas semanas será clave observar si TGI o el Ministerio de Minas y Energía de Colombia presentan una solicitud formal de ajuste regulatorio ante la CREG, y cómo responde ese organismo ante la urgencia del caso. También es fundamental monitorear el estado de la regasificadora de Cartagena —la única que hoy sostiene el sistema— y si el Gobierno nacional activa planes de contingencia energética ante el eventual incumplimiento de los plazos de TGI. La seguridad energética de Colombia en el mediano plazo puede depender, en buena medida, de qué tan rápido se resuelva este nudo regulatorio.
