En plena campaña presidencial colombiana, circula con fuerza en redes sociales una acusación que señala a José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, como responsable de la venta de reservas de oro del país y del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, la verificación periodística del medio El Tiempo, a través de su sección #ElFiltro, determinó que estas afirmaciones son falsas: cuando ocurrieron esos hechos, Restrepo ocupaba la cartera de Comercio, Industria y Turismo, un ministerio completamente ajeno a las decisiones de política monetaria y financiación externa del Estado colombiano.
El dato más relevante que desnuda la desinformación es cronológico y funcional: ni el crédito negociado con el FMI en 2020 ni las decisiones sobre reservas internacionales en oro correspondían al Ministerio de Comercio, sino al Ministerio de Hacienda y al Banco de la República, entidades autónomas con sus propias cadenas de mando. Atribuirle esa responsabilidad a Restrepo no solo es inexacto, sino que refleja un patrón de desinformación diseñado para afectar su imagen en el tramo final de la contienda electoral.
Contexto y antecedentes
Colombia atravesó en 2020 uno de sus momentos fiscales más críticos como consecuencia de la pandemia de COVID-19. En ese contexto, el gobierno del entonces presidente Iván Duque solicitó una línea de crédito flexible al FMI por aproximadamente 10.800 millones de dólares, un mecanismo preventivo que el país no llegó a utilizar en su totalidad pero que generó debate político. José Manuel Restrepo era en ese momento ministro de Comercio, y su rol se concentraba en la reactivación económica, la agenda de tratados de libre comercio y el apoyo al sector empresarial, sin ninguna incidencia sobre las reservas internacionales ni sobre la deuda soberana.
Las reservas internacionales de Colombia, incluidas las de oro, son administradas por el Banco de la República, entidad autónoma e independiente del ejecutivo. Las decisiones sobre su composición, venta o custodia no pasan por ningún ministerio del gabinete. Este es un principio básico del diseño institucional colombiano, establecido desde la Constitución de 1991, que garantiza la autonomía del banco central frente a presiones políticas. Confundir deliberadamente estas competencias institucionales apunta a un público que no necesariamente conoce cómo funciona el Estado.
Este tipo de desinformación no es nuevo en Colombia. Durante los últimos ciclos electorales, el país ha registrado un aumento sostenido de piezas virales que distorsionan hechos verificables, mezclan fechas, atribuyen responsabilidades incorrectas o fabrican imágenes con inteligencia artificial. El mismo medio verificó en paralelo otras falsedades del ciclo electoral 2026, como fotos generadas con IA de candidatos con figuras políticas contrarias, o videos de otras votaciones presentados como prueba de fraude en el exterior.
Los puntos clave
- José Manuel Restrepo era ministro de Comercio cuando ocurrieron los hechos señalados, no ministro de Hacienda ni funcionario del Banco de la República, por lo que no tenía competencia legal ni administrativa sobre las reservas de oro ni sobre créditos con el FMI.
- El crédito con el FMI fue gestionado en 2020 como medida preventiva ante la crisis económica generada por la pandemia, bajo la responsabilidad del Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República.
- El Banco de la República es autónomo e independiente del gabinete ministerial, según la Constitución colombiana de 1991, y es la única entidad con potestad sobre las reservas internacionales del país.
- La desinformación forma parte de un patrón electoral documentado en 2026, que incluye imágenes falsas generadas con IA y videos descontextualizados de otros procesos electorales presentados como evidencia de irregularidades.
- La verificación fue realizada con documentos oficiales, incluyendo comunicados del FMI de 2020 y del Banco de la República, que permiten establecer con claridad las fechas y las instituciones responsables.
¿Qué significa esto?
La desinformación electoral no es un fenómeno menor ni inocente. Cuando se atribuyen falsamente responsabilidades institucionales a un candidato, el efecto sobre el votante puede ser determinante, especialmente en una campaña donde la credibilidad técnica y la gestión económica son ejes del debate. El caso de Restrepo ilustra cómo la desinformación explota el desconocimiento ciudadano sobre la arquitectura del Estado: muchos votantes no distinguen entre las funciones de un ministerio sectorial y las de las entidades rectoras de la política macroeconómica, lo que hace que la acusación sea verosímil a primera vista aunque sea completamente falsa.
El impacto va más allá del candidato afectado. Cuando la ciudadanía recibe información falsa como si fuera verdadera, toma decisiones electorales sobre bases distorsionadas, lo que socava la legitimidad del proceso democrático en su conjunto. La proliferación de este tipo de contenidos en plataformas como Instagram, X y Threads —donde el consumo es rápido y la verificación escasa— obliga a los medios de comunicación a intensificar sus labores de fact-checking, pero también exige que las propias plataformas asuman mayor responsabilidad algorítmica en la contención de la desinformación.
Perspectiva para América Latina
Colombia no está sola en este fenómeno. A lo largo y ancho de América Latina, los procesos electorales recientes —en Brasil, México, Argentina, Venezuela y Ecuador, entre otros— han estado marcados por campañas de desinformación sofisticadas que combinan contenido falso, deepfakes e imágenes generadas con inteligencia artificial. Lo que hace especialmente preocupante el panorama regional es que las herramientas para fabricar desinformación se han democratizado tecnológicamente: ya no se necesitan grandes recursos para producir una imagen falsa o un video descontextualizado que alcance millones de visualizaciones.
Para la audiencia latinoamericana, el caso colombiano es una advertencia directa: la verificación de datos no es un lujo periodístico, sino una necesidad democrática. El rol de los medios con infraestructura de fact-checking, como El Tiempo con su sección #ElFiltro, resulta fundamental en este ecosistema de información contaminada. La región necesita más inversión en educación mediática ciudadana y en plataformas de verificación colaborativa que puedan operar a la velocidad con la que se propaga la desinformación.
A medida que Colombia se aproxima a la primera vuelta presidencial, el seguimiento de estas verificaciones se vuelve indispensable. Los próximos días serán cruciales para evaluar si las acusaciones falsas continúan proliferando, si los equipos de campaña las desmienten con contundencia y si las plataformas digitales toman medidas concretas para limitar su difusión. Lo que está en juego no es solo la reputación de un candidato, sino la calidad informativa con la que los colombianos tomarán su decisión en las urnas.
