Un hombre armado acabó con la vida de Édinson Cuero Daza en su propia vivienda ubicada en Tumaco, municipio del departamento de Nariño, en el suroccidente de Colombia. La víctima era miembro activo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad estatal encargada de salvaguardar la integridad de personas en riesgo extraordinario, lo que convierte este crimen en un hecho de especial gravedad institucional.
El asesinato ocurrió cuando Cuero Daza se encontraba en su período de descanso, fuera de servicio, lo que pone de relieve la extrema vulnerabilidad que enfrentan quienes trabajan en labores de seguridad en territorios con alta presencia de grupos armados. Las autoridades abrieron una investigación formal para esclarecer los móviles del crimen y determinar la autoría material e intelectual del homicidio.
Contexto y antecedentes
Tumaco no es un municipio cualquiera dentro del mapa del conflicto armado colombiano. Es el puerto sobre el Pacífico con mayor producción de coca del país y uno de los epicentros históricos de disputa entre el Clan del Golfo, disidencias de las FARC —especialmente el Estado Mayor Central— y otras estructuras criminales que se fragmentaron tras el proceso de paz de 2016. Esta convergencia de actores ilegales convierte a Tumaco en uno de los territorios más peligrosos para líderes sociales, funcionarios públicos y, como ahora se evidencia, también para los propios agentes de seguridad del Estado.
La Unidad Nacional de Protección fue creada en 2011 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, precisamente para dar respuesta institucional a las amenazas contra defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, excombatientes y otras poblaciones en riesgo. Sus escoltas operan en zonas de alta conflictividad, muchas veces en condiciones precarias y con equipos insuficientes. La muerte de uno de sus miembros en su propia casa subraya que la línea entre el servicio y la vida privada prácticamente desaparece en regiones como el Pacífico nariñense.
Colombia registra un patrón preocupante de ataques contra agentes del Estado en municipios PDET —Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial—, áreas priorizadas para la paz que paradójicamente concentran los peores índices de violencia. Según cifras de organizaciones como Indepaz, decenas de líderes sociales y sus protectores han sido asesinados en los últimos años en este tipo de territorios.
Los puntos clave
- La víctima, Édinson Cuero Daza, era miembro vinculado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde hace varios años y fue asesinado mientras se encontraba en su domicilio en Tumaco, Nariño.
- El crimen ocurrió en el período de descanso de la víctima, lo que indica que el ataque fue premeditado y dirigido específicamente contra su persona, no producto de un enfrentamiento en servicio.
- Tumaco es uno de los municipios más violentos de Colombia, con presencia simultánea de múltiples grupos armados ilegales que disputan el control territorial y de las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico.
- Las autoridades abrieron una investigación formal para establecer los móviles del asesinato, aunque en contextos como el de Tumaco los avances judiciales suelen ser lentos debido a la intimidación de testigos y operadores de justicia.
- El patrón de violencia contra funcionarios de seguridad en zonas de conflicto activo refleja una estrategia de los grupos armados para debilitar la presencia institucional del Estado colombiano en territorios clave.
¿Qué significa esto?
El asesinato de un escolta de la UNP en su casa no es solo un crimen individual: es una señal deliberada. Los grupos armados que operan en Tumaco utilizan este tipo de ataques para comunicar que ningún funcionario del Estado está a salvo, ni siquiera fuera de turno. Esta táctica tiene un efecto desmoralizador comprobado: dificulta el reclutamiento de personal calificado para trabajar en zonas de alto riesgo y erosiona la confianza entre el Estado y las comunidades que depende de esa protección institucional.
Para la UNP, la muerte de uno de sus propios miembros representa también una paradoja institucional difícil de gestionar: la entidad que protege a otros no pudo —o no logró— proteger a uno de los suyos. Esto abre preguntas legítimas sobre los protocolos de seguridad para el personal que opera en territorios críticos, incluso durante sus períodos de descanso, y sobre si el Estado colombiano está dotando a estas instituciones de los recursos humanos, logísticos e institucionales que realmente requieren.
Perspectiva para América Latina
La situación de Tumaco tiene resonancias directas en varios países latinoamericanos donde el Estado intenta sostener presencia institucional en territorios dominados por economías ilegales. México, Ecuador, Honduras y Guatemala enfrentan dinámicas similares: funcionarios de seguridad asesinados en su tiempo libre, familias amenazadas y una lógica de terror que busca vaciar de autoridad estatal ciertos territorios. El caso colombiano, con décadas de experiencia acumulada en este tipo de conflictos, debería servir como fuente de lecciones —positivas y negativas— para el diseño de políticas de protección en toda la región.
Para la audiencia latinoamericana, este hecho también visibiliza una realidad estructural: la violencia que afecta a quienes protegen a otros suele recibir menos atención mediática que la que afecta a figuras públicas. Sin embargo, es precisamente en esas capas intermedias del aparato de seguridad donde se juega la viabilidad del Estado en los territorios más disputados del continente.
Las investigaciones están en curso y las próximas semanas serán determinantes para establecer si hubo inteligencia previa sobre amenazas contra Cuero Daza y si la cadena de mando de la UNP tomó las medidas preventivas necesarias. Lo que hay que seguir de cerca es si este crimen desencadena una respuesta institucional concreta o si, como ha ocurrido en demasiadas ocasiones anteriores en Tumaco, queda en la impunidad.
