El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, encendió las alarmas sobre la gestión del servicio de agua potable en la ciudad y abrió un pulso directo con Veolia, la multinacional francesa que opera Acuacar, la empresa prestadora del servicio. En declaraciones a EL TIEMPO, el mandatario fue contundente: ‘Así no podemos seguir’, sentenciando semanas de racionamientos que han afectado a cientos de miles de cartageneros y que han puesto en jaque la viabilidad del modelo de operación vigente.
El Distrito de Cartagena anunció una revisión técnica y legal del contrato con Acuacar, lo que abre la posibilidad de medidas jurídicas contra el operador. Esta confrontación institucional no es menor: representa el cuestionamiento más serio que un alcalde de Cartagena ha formulado públicamente contra el esquema de operación privada del agua en la ciudad en años recientes, y pone sobre la mesa preguntas estructurales sobre quién es responsable de garantizar el acceso al agua en una de las ciudades más turísticas e importantes del Caribe colombiano.
Contexto y antecedentes
Acuacar, siglas de Aguas de Cartagena, es una empresa de servicios públicos de carácter mixto creada en 1994, que opera bajo un contrato de concesión con participación del Distrito de Cartagena y de Veolia, la gigante francesa de servicios ambientales y de agua. Durante décadas, este modelo fue presentado como un caso exitoso de asociación público-privada en Colombia, con mejoras en cobertura y calidad que en su momento llamaron la atención de organismos internacionales.
Sin embargo, en los últimos años han emergido tensiones crecientes. El crecimiento poblacional y turístico de Cartagena ha superado la capacidad de la infraestructura existente, y los racionamientos se han vuelto cada vez más frecuentes, afectando barrios populares y zonas residenciales por igual. La situación se agravó en 2025 y comienzos de 2026, con restricciones que en algunos sectores alcanzaron varios días sin suministro, generando protestas ciudadanas y poniendo al alcalde Turbay bajo una enorme presión política.
El debate de fondo gira en torno a quién debe asumir las inversiones necesarias para modernizar y ampliar la infraestructura hídrica. Veolia y Acuacar señalan limitaciones contractuales y financieras; la Alcaldía, en cambio, exige resultados y respuestas inmediatas. La discusión contractual, que había permanecido en espacios técnicos, estalló ahora en el espacio público.
Los puntos clave
- El alcalde Dumek Turbay cuestionó públicamente la operación de Acuacar y exigió respuestas concretas al operador Veolia ante la persistencia de los racionamientos de agua en la ciudad.
- El Distrito de Cartagena anunció una revisión técnica y legal del modelo de operación, abriendo la puerta a posibles medidas jurídicas contra la empresa concesionaria.
- La crisis de suministro responde en parte a una brecha entre el crecimiento urbano y turístico de Cartagena y la capacidad instalada de la infraestructura hídrica actual, que no ha sido modernizada al ritmo requerido.
- La Alcaldía plantea la construcción de una nueva planta de tratamiento como una apuesta estratégica para garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo y acompañar el crecimiento proyectado de la ciudad.
- El debate ya no es solo operativo sino también contractual, lo que podría derivar en una renegociación del contrato de concesión o incluso en cambios en la estructura societaria de Acuacar.
¿Qué significa esto?
La confrontación entre el Distrito de Cartagena y Veolia va mucho más allá de un diferendo técnico sobre tuberías y plantas potabilizadoras. Lo que está en juego es el modelo mismo bajo el cual se prestan los servicios públicos esenciales en Colombia: ¿puede una ciudad depender de un operador privado internacional cuando las decisiones de inversión responden a lógicas corporativas que no siempre coinciden con las necesidades urgentes de la ciudadanía? Si la revisión legal concluye que existen incumplimientos contractuales por parte de Acuacar, el Distrito tendría herramientas para exigir compensaciones, imponer sanciones o incluso avanzar hacia una modificación profunda del esquema concesional.
Para los habitantes de Cartagena, especialmente los de barrios populares que son los más vulnerables ante los cortes del servicio, las consecuencias son inmediatas y muy concretas: dificultades para el consumo humano, el saneamiento básico, el funcionamiento de negocios y hasta la atención médica. Una ciudad que recibe millones de turistas al año y que aspira a consolidarse como polo de desarrollo del Caribe colombiano no puede permitirse una crisis crónica de agua potable sin consecuencias económicas y reputacionales severas.
Perspectiva para América Latina
El caso de Cartagena refleja una tensión que se repite en múltiples ciudades de América Latina: la gestión del agua como bien público en manos de operadores privados o mixtos. Países como Argentina, Uruguay, Bolivia y México han vivido debates similares, algunos con resultados que llevaron a renacionalizar el servicio tras años de concesiones privadas que no cumplieron las expectativas. Uruguay incluso consagró en su Constitución, mediante referendo en 2004, que el agua es un derecho humano y que su gestión debe ser pública. El modelo de Acuacar, que durante años fue citado como referente regional, podría convertirse ahora en una advertencia sobre los límites de las alianzas público-privadas cuando no existen mecanismos robustos de control, actualización contractual e inversión obligatoria.
Lo que sigue
En las próximas semanas, la Alcaldía de Cartagena deberá concretar los resultados de su revisión técnica y legal, y definir si procede con acciones formales contra Acuacar o si se abre un proceso de renegociación. Paralelamente, la propuesta de construir una nueva planta de tratamiento entrará en el debate sobre financiación y tiempos de ejecución. Lo que está claro es que la crisis del agua en Cartagena llegó a un punto de inflexión: las soluciones parciales ya no son suficientes, y la ciudadanía exige un cambio estructural que garantice el derecho al agua con la urgencia que merece.
