Un informe de la comisión independiente de la ONU, publicado en marzo de 2026, ha confirmado lo que Ucrania denuncia desde el inicio de la guerra: las deportaciones y los reasentamientos forzosos de menores ucranianos en territorio ruso no son hechos aislados, sino una práctica sistemática y generalizada que constituye tanto un crimen de guerra como un crimen de lesa humanidad.
Las cifras detrás del horror
Ucrania tiene documentados 20.570 niños desplazados forzosamente. Sin embargo, según Maksim Maksimov, director de la organización Bring Kids Back UA, iniciativa impulsada por el presidente Volodimir Zelenski, esa cifra está muy lejos de reflejar la magnitud real del problema.
«Estos son solo los casos sobre los que contamos con información suficiente. El número real de secuestros es probablemente mucho mayor», advierte Maksimov.
Las propias fuentes rusas respaldan esta afirmación. En 2023, funcionarios rusos declararon haber «acogido» a 744.000 niños ucranianos. Ese mismo año, Moscú informó al Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño que 46.000 menores ucranianos habían recibido pasaportes rusos. A ello se suma que varios niños que lograron regresar a Ucrania reportaron la existencia de otros menores que ni siquiera figuran en las bases de datos ucranianas.
Un sistema diseñado para no dejar rastro
La identificación y localización de los pequeños se ve gravemente obstaculizada por la falta de acceso a los territorios ocupados por Rusia. Las autoridades rusas, según la Fiscalía General de Ucrania, están organizando la acogida a largo plazo de estos niños tanto en familias rusas como en instituciones estatales, violando así su obligación legal internacional de reunificar a las familias separadas durante un conflicto armado.
El sistema de adoctrinamiento que se aplica sobre los menores es, según Maksimov, de varias etapas: comienza con la militarización y el adoctrinamiento ideológico, continúa con la rusificación cultural y la expedición de documentos rusos, y culmina con la integración forzosa en una cosmovisión completamente ajena a la ucraniana.
Se estima que Rusia tiene acceso directo a hasta 1,6 millones de niños en los territorios que ocupa. Las escuelas y organizaciones paramilitares rusas son omnipresentes en esas zonas, mientras que cualquier acceso a fuentes de información ucranianas está vedado para los estudiantes.
La lengua y la cultura, también en el punto de mira
El fiscal general ucraniano, Ruslan Kravchenko, ha denunciado que los centros educativos de los territorios ocupados han sido convertidos por la fuerza al currículo ruso. La lengua ucraniana, su historia y su cultura están siendo sistemáticamente suprimidas en las aulas. La Fiscalía lleva adelante una investigación penal independiente sobre la promoción del servicio militar ruso entre los jóvenes ucranianos y la educación militarista impuesta a los menores.
Solo 2.126 niños han regresado
Frente a la magnitud de la crisis, los resultados del proceso de repatriación resultan devastadoramente modestos. Hasta la fecha, Ucrania ha logrado recuperar a 2.126 niños deportados o sometidos a reeducación rusa.
Maksimov describe dos vías de retorno. La primera es la mediación, un proceso de negociación indirecta que no permite rescatar a más de diez niños por operación. La segunda es el llamado «retorno organizado», en el que organizaciones civiles juegan un papel clave y que, en ocasiones, permite recuperar a un mayor número de menores, aunque los detalles operativos permanecen bajo reserva por razones de seguridad.
Los niños que logran volver llegan profundamente marcados. «Llegan completamente desorientados y desconfían de los adultos», relata Maksimov. Ante ello, Ucrania ha puesto en marcha programas de rehabilitación y reintegración que, a diferencia de lo que hace Rusia, no buscan «reeducar» a los pequeños, sino ayudarles a recuperar su identidad.
El mundo observa. La comunidad internacional enfrenta ahora la responsabilidad de actuar ante lo que la ONU ha calificado, sin ambigüedad, como crímenes contra la humanidad.
