René Higuita, legendario portero de la Selección Colombia y del Atlético Nacional, se vio envuelto en un proceso judicial que resultó en la pérdida de un inmueble avaluado en más de 1.200 millones de pesos mediante una sentencia de extinción de dominio. El fallo de primera instancia, emitido por la justicia colombiana, determinó que la propiedad estaba vinculada con estructuras del narcotráfico asociadas al desaparecido Cartel de Medellín, lo que llevó a la confiscación del bien por parte del Estado.
La Fiscalía General de la Nación sustentó su acusación en pruebas que establecerían conexiones entre el inmueble y actores del crimen organizado. Higuita, quien ha sido considerado una figura emblemática del deporte colombiano durante décadas, concedió una entrevista exclusiva a El Tiempo en la que relató su versión de los hechos y explicó las circunstancias bajo las cuales adquirió la propiedad, presentándose como víctima de un engaño o de antecedentes desconocidos sobre el origen del predio.
Contexto y antecedentes
La extinción de dominio es una acción civil que busca privar del derecho de propiedad sobre bienes que tengan origen ilícito o que hayan sido utilizados para financiar actividades delictivas. En Colombia, esta herramienta jurídica ha sido intensamente utilizada desde finales de los años noventa para combatir el lavado de activos y desmantelar estructuras financieras del narcotráfico. El caso de Higuita se inserta en una larga lista de procesos donde propiedades de personas aparentemente ajenas al delito han sido confiscadas por sus antecedentes ilícitos.
El Cartel de Medellín, aunque desarticulado a principios de los años noventa con la muerte de Pablo Escobar, dejó un legado de bienes adquiridos ilícitamente que continuaron siendo rastreados y confiscados por las autoridades durante décadas. Las investigaciones sobre narcotraficantes canadienses y sus conexiones con redes británicas vinculadas al Clan del Golfo sugieren que las estructuras delictivas han evolucionado hacia formas más complejas de operación internacional, involucrando activos que pueden haber circulado entre múltiples propietarios sin que los últimos compradores fuesen conscientes de su origen criminal.
Puntos clave
- El inmueble en disputa está avaluado en más de 1.200 millones de pesos según documentos de la Personería de Medellín.
- La sentencia de extinción de dominio fue dictada por un tribunal de primera instancia con base en pruebas que vinculaban el predio con organizaciones narcotraficantes.
- Higuita mantuvo que desconocía los antecedentes ilícitos de la propiedad y que fue víctima de un engaño al momento de su adquisición.
- El proceso judicial involucró investigaciones sobre traficantes canadienses capturados en Medellín y sus nexos con redes criminales británicas del Clan del Golfo.
- La defensa de Higuita podría apelar el fallo ante una instancia superior, abriendo la posibilidad de que el caso continúe en litigio.
¿Qué significa esto?
La pérdida de este inmueble representa un impacto económico significativo para René Higuita, quien construyó su patrimonio durante una carrera deportiva de décadas. Sin embargo, el caso también ilustra un dilema fundamental en la lucha contra el narcotráfico en Colombia: ¿hasta dónde debe extenderse la responsabilidad del Estado para confiscar bienes cuando sus propietarios actuales pueden ser ajenos a las actividades delictivas que generaron su adquisición inicial? Este interrogante ha generado intenso debate entre juristas, defensores de derechos humanos y funcionarios de seguridad.
Para Higuita, el fallo representa una vulneración de su derecho a la propiedad privada, particularmente si efectivamente desconocía los orígenes ilícitos del bien. Para las autoridades, la extinción de dominio constituye un mecanismo esencial para recuperar activos del crimen organizado y debilitar las bases económicas del narcotráfico. El caso abre interrogantes sobre cómo se verifican los antecedentes de propiedades en transacciones inmobiliarias y qué responsabilidad recae sobre los compradores de verificar la legalidad de sus orígenes.
Perspectiva para Colombia y América Latina
En el contexto latinoamericano, el caso de Higuita refleja un desafío persistente: la dificultad de rastrear y recuperar los activos del narcotráfico que han sido lavados a través de sistemas inmobiliarios. Países como México, Perú, Argentina y Brasil enfrentan problemas similares donde propiedades adquiridas hace décadas resultan estar vinculadas con actividades delictivas. Colombia, como productor histórico de cocaína y con una compleja historia de organizaciones criminales, ha desarrollado un marco jurídico más agresivo de extinción de dominio, pero esto ha generado casos donde ciudadanos aparentemente ajenos al delito pierden sus bienes.
El caso también subraya cómo las redes criminales contemporáneas operan a escala internacional, involucrando actores de Canadá, Reino Unido y otras naciones en la adquisición y blanqueo de activos en Colombia. Para América Latina, esto implica la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional en investigaciones financieras y de mejorar la transparencia en mercados de bienes raíces para prevenir que dinero del narcotráfico continúe siendo invertido en propiedades legales.
Preguntas frecuentes
¿René Higuita sabía que su propiedad estaba vinculada con el narcotráfico?
Según su relato exclusivo a El Tiempo, Higuita alega que desconocía los antecedentes ilícitos de la propiedad al momento de su compra. El portero presentó esta versión como parte de su defensa, argumentando ser víctima de un engaño o de información incompleta proporcionada por los vendedores. Sin embargo, la justicia determinó que independientemente de su conocimiento, los orígenes del bien estaban vinculados con el narcotráfico, lo que justificó la extinción de dominio.
¿Puede Higuita recuperar su propiedad o apelará la sentencia?
El fallo de primera instancia abre la posibilidad de apelación ante instancias superiores. Higuita tiene derecho a cuestionar la decisión del tribunal de primera instancia, presentando argumentos adicionales sobre su buena fe como comprador y demostrando que ignoraba los orígenes criminales del inmueble. Sin embargo, bajo la legislación de extinción de dominio en Colombia, la buena fe del propietario actual no siempre es suficiente para evitar la confiscación si se prueba el origen ilícito del bien.
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