Un operativo conjunto del Gaula y la Fiscalía General de la Nación terminó con la captura de un hombre apodado ‘el auténtico’ en el barrio Ciudad Salitre del municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico. Las autoridades lo señalan como integrante activo de la organización criminal conocida como ‘Los Costeños’, responsable de una extensa red de extorsiones que ha tenido al gremio de los motocarristas bajo un régimen de terror sostenido.
La detención ocurrió en un momento de especial tensión social: el asesinato reciente de Robert Junior Meriño en el barrio La Ilusión sembró tal pánico entre los conductores que, al día siguiente del crimen, una parte significativa del gremio simplemente se negó a salir a trabajar. ‘Mataron a uno y hoy nadie quiere salir a trabajar’, resumió con crudeza la situación uno de los afectados, una frase que condensa el clima de miedo que se ha apoderado de uno de los sectores de transporte informal más numerosos de la región Caribe colombiana.
Contexto y antecedentes
Soledad, municipio conurbado con Barranquilla y uno de los más poblados de Colombia con cerca de 700.000 habitantes, ha sido históricamente un territorio disputado por estructuras criminales que operan bajo el paraguas del llamado Clan del Golfo y sus franquicias locales. ‘Los Costeños’ es una de esas expresiones territoriales: una organización dedicada principalmente a la extorsión sistemática de transportadores informales, comerciantes y habitantes de barrios populares, que utiliza el cobro de ‘vacunas’ como fuente de financiamiento permanente.
La modalidad de intimidación documentada en este caso es particularmente reveladora: el sospechoso habría utilizado stickers o calcomanías colocados en los motocarros como mecanismo de control y señalamiento. Este método —que en apariencia parece trivial— funciona como un sistema de marcación territorial que indica quién ha pagado y quién no, con consecuencias violentas para quienes se resisten. El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, ha sido uno de los funcionarios que ha señalado directamente a esta organización como responsable del clima de inseguridad que afecta al gremio.
El transporte en motocarro es una actividad económica crítica para miles de familias del Caribe colombiano. En municipios como Soledad, estos vehículos de tres ruedas constituyen la principal forma de movilidad en barrios periféricos donde el transporte formal no llega, lo que convierte a sus conductores en una población especialmente vulnerable: trabajan solos, en rutas predecibles y con ingresos diarios en efectivo, el blanco ideal para las extorsiones.
Los puntos clave
- El capturado, alias ‘el auténtico’, fue detenido en el barrio Ciudad Salitre de Soledad durante un operativo del Gaula y la Fiscalía, y es señalado como presunto miembro de la organización criminal ‘Los Costeños’.
- La organización habría utilizado stickers colocados en motocarros como método de control para identificar a quienes pagaban extorsiones y presionar a quienes se negaban a hacerlo.
- El asesinato de Robert Junior Meriño en el barrio La Ilusión precedió directamente a la jornada de pánico en la que numerosos motocarristas prefirieron no trabajar por temor a represalias.
- Las autoridades departamentales, encabezadas por el secretario del Interior José Antonio Luque, han vinculado estos hechos con una estructura criminal organizada que opera sistemáticamente sobre el gremio transportador.
- ‘Los Costeños’ es una organización que actúa como franquicia local dentro del ecosistema criminal más amplio que disputa territorios en el Atlántico y la región Caribe colombiana.
¿Qué significa esto?
La captura de ‘el auténtico’ es un paso investigativo relevante, pero no debe leerse como el fin del problema. La extorsión sistemática a transportadores informales no depende de un solo individuo: es una estructura con múltiples capas, reemplazos automáticos y una lógica territorial que persiste mientras exista impunidad local. Lo verdaderamente significativo de este caso no es solo la detención, sino la parálisis económica que generó el asesinato previo: cuando cientos de trabajadores deciden no salir a la calle por miedo, el crimen organizado ha logrado su objetivo más profundo, que no es solo el dinero, sino el control social.
El impacto es inmediato y multidimensional. Las familias de los motocarristas pierden el ingreso del día. Los barrios populares pierden su principal medio de transporte. Y el Estado pierde credibilidad como garante de seguridad. Casos como este revelan una grieta estructural: la economía informal, que da sustento a millones de colombianos, opera en una zona de alta exposición al crimen organizado precisamente porque carece de los mecanismos de protección que sí tienen los sectores formalizados.
Perspectiva para América Latina
Lo que ocurre en Soledad no es un fenómeno aislado ni exclusivamente colombiano. En toda América Latina, el transporte informal —mototaxis en Perú, tuk-tuks en Centroamérica, motoconchistas en República Dominicana— enfrenta dinámicas similares de extorsión por parte de estructuras criminales que aprovechan la informalidad, la dispersión del gremio y la débil presencia institucional en territorios periféricos. La ‘vacuna’ o ‘renta’ al transportador es un modelo de negocio criminal exportado y adaptado en decenas de ciudades latinoamericanas, desde Tegucigalpa hasta Guayaquil.
Para la región, el caso del Atlántico colombiano ofrece una lección urgente: la formalización del transporte y la presencia real del Estado en barrios populares no son solo políticas de movilidad, sino estrategias de seguridad. Mientras los motocarristas operen en el limbo legal, seguirán siendo presas fáciles. La respuesta policial es necesaria, pero insuficiente sin políticas estructurales que reduzcan la vulnerabilidad de quienes dependen de la calle para sobrevivir.
Mientras la Fiscalía avanza en la investigación contra ‘Los Costeños’ y se determina el papel exacto de alias ‘el auténtico’ dentro de la organización, la mirada debe mantenerse en dos frentes: la reactivación económica del gremio de motocarristas en Soledad, que aún opera bajo el peso del miedo, y el desmantelamiento real de la estructura criminal que va más allá de un solo capturado. Lo que ocurra en las próximas semanas dirá mucho sobre la capacidad del Estado colombiano para recuperar la confianza de comunidades que, por ahora, prefieren quedarse en casa.
