Colombia vive uno de los movimientos más significativos en materia de tránsito de los últimos años: el Ministerio de Transporte anunció la revocatoria de 7,5 millones de fotomultas impuestas entre 2018 y 2024, una medida que sacude los cimientos del sistema sancionatorio vial del país y que podría beneficiar a millones de conductores que recibieron comparendos sin que se cumplieran los requisitos legales exigidos para su emisión.
La decisión, que ha generado un intenso debate institucional, llevó a Joan José Botello Apolinar, presidente del Comité de Autoridades de Tránsito, a pronunciarse públicamente sobre el alcance real de la medida y sus implicaciones para los organismos de tránsito a nivel nacional. Su voz representa a las entidades que administran, aplican y cobran estas sanciones, y su postura es clave para entender si la revocatoria se puede implementar de manera ordenada o si abre una crisis administrativa sin precedentes.
Contexto y antecedentes
Las fotomultas son sanciones de tránsito generadas de manera automatizada a través de cámaras instaladas en vías urbanas e interurbanas. En Colombia, su uso se masificó a partir de 2016 y se consolidó entre 2018 y 2022, período durante el cual cientos de municipios implementaron sistemas de detección sin necesariamente cumplir con todos los requisitos técnicos, legales y procedimentales que exige el Código Nacional de Tránsito. Entre esos requisitos se encuentran la certificación de los equipos, la señalización previa adecuada y la notificación correcta al infractor.
Desde hace años, abogados, asociaciones de conductores y organismos de control han denunciado irregularidades en la imposición de estas multas. Algunas cámaras operaban sin homologación oficial, otras notificaban a personas equivocadas o con direcciones incorrectas, y en varios casos los municipios terciarizaron el cobro a empresas privadas en condiciones contractuales cuestionadas por la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, tomó la determinación de revocar masivamente estas sanciones tras una revisión jurídica y técnica que concluyó que millones de comparendos fueron impuestos sin cumplir los estándares mínimos exigidos por la ley. Esta es la primera vez que una acción de este calibre se adopta en el país, lo que convierte la medida en un hito sin antecedente directo en la historia regulatoria colombiana.
Los puntos clave
- El Ministerio de Transporte revocó 7,5 millones de fotomultas impuestas entre 2018 y 2024 por incumplimiento de requisitos legales y técnicos.
- Joan José Botello, presidente del Comité de Autoridades de Tránsito, se pronunció sobre la medida, señalando la necesidad de claridad institucional para los organismos que gestionan estos comparendos a nivel local.
- La decisión afecta tanto a conductores particulares como a transportadores de carga y pasajeros que acumularon sanciones durante ese período bajo procesos irregulares.
- La Supertransporte publicó un listado detallado con fechas de comparendos y los organismos de tránsito involucrados a nivel nacional, para que los ciudadanos puedan verificar si sus multas están cobijadas por la revocatoria.
- La medida plantea interrogantes sobre la recuperación de dineros ya pagados por infractores y la responsabilidad de los municipios y empresas que cobraron sanciones que ahora se declaran ilegales.
¿Qué significa esto?
La revocatoria de 7,5 millones de fotomultas no es solo un alivio para los conductores: es una declaración de que el Estado colombiano falló durante años en garantizar que sus propios sistemas sancionatorios cumplieran la ley. Esto tiene consecuencias prácticas inmediatas: quienes no han pagado sus multas cobijadas por la medida quedarían exonerados de hacerlo, y quienes ya pagaron podrían exigir devoluciones, aunque ese proceso administrativo promete ser largo, costoso y jurídicamente complejo para el Estado.
Además, la medida golpea directamente las finanzas de los municipios que destinaban los recursos de las fotomultas a programas de seguridad vial y movilidad. Algunos alcaldes y secretarios de tránsito ya han expresado preocupación por el impacto presupuestal. Al mismo tiempo, abre la puerta a una oleada de tutelas y demandas de quienes pagaron y buscan restitución, lo que podría congestionar aún más el sistema judicial colombiano.
Perspectiva para América Latina
Lo que ocurre en Colombia con las fotomultas no es un fenómeno aislado en la región. En países como México, Argentina, Chile y Perú, la implementación acelerada de tecnologías de vigilancia vial también ha generado controversias sobre la legalidad de los procesos, la transparencia en la administración de los recursos y los contratos con empresas privadas. En varios de esos países existen demandas colectivas similares. El caso colombiano puede convertirse en un referente sobre cómo —o cómo no— debe gestionarse la transición hacia sistemas automatizados de control de tránsito, y plantea una advertencia regional: la tecnología por sí sola no garantiza legitimidad si los marcos legales y técnicos no están en orden.
Lo que hay que seguir de cerca
En las próximas semanas será clave observar cómo responden los organismos de tránsito municipales a la instrucción del Ministerio, qué mecanismo establecerá el Gobierno para atender las solicitudes de quienes ya pagaron sus fotomultas y si el Congreso colombiano impulsa una reforma al sistema de comparendos electrónicos que cierre las brechas legales que permitieron esta situación durante más de seis años.
