Un nuevo y alarmante episodio de guerra no convencional sacude al nordeste antioqueño. En el corregimiento de Puerto López, zona rural del municipio de El Bagre, se registró un ataque con drones cargados con explosivos que dejó como saldo inmediato la muerte de una vaca y seis caballos pertenecientes a campesinos de la región. El hecho, documentado en video y difundido el 3 de junio de 2026, representa una escalada preocupante en el uso de tecnología armada por parte de grupos ilegales en territorios rurales colombianos.
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta roja por la grave crisis humanitaria que atraviesa la zona, donde los enfrentamientos entre grupos armados han generado confinamientos masivos y desplazamientos forzados de población civil. Para agravar aún más el panorama, El Bagre acumula más de 72 horas sin suministro eléctrico, luego de que integrantes del ‘Clan del Golfo’ impidieran el ingreso de técnicos de EPM para realizar las reparaciones necesarias en la red eléctrica.
Contexto y antecedentes
El Bagre es uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado en Antioquia, ubicado en la subregión del Bajo Cauca, una zona históricamente disputada por su riqueza minera —especialmente en oro— y su posición estratégica para el narcotráfico y las economías ilegales. Durante décadas, este territorio ha sido escenario de confrontaciones entre guerrillas, paramilitares y, más recientemente, entre el ‘Clan del Golfo’ —también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia— y disidencias de las extintas FARC, principalmente el Estado Mayor Central.
El uso de drones armados no es un fenómeno nuevo en Colombia, pero su aparición en zonas rurales del Bajo Cauca marca una tendencia que las autoridades militares y de inteligencia llevan meses monitoreando con preocupación. Desde 2023, se han registrado ataques similares en Ituango, Briceño y otras zonas del país, lo que indica una sofisticación progresiva en el armamento y las tácticas de los grupos ilegales, que han adoptado tecnología de bajo costo y alta capacidad destructiva disponible en el mercado civil.
El Ejército Nacional respondió al episodio con el despliegue de tropas del Batallón de Selva N.° 57, perteneciente a la Brigada 11 y bajo el mando de la Séptima División, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional en Puerto López y proteger a la población civil. Sin embargo, la capacidad operativa del Estado en estas zonas de difícil acceso geográfico sigue siendo limitada frente a la movilidad y los recursos de los actores armados ilegales.
Los puntos clave
- Ataque con drones explosivos: Se confirmó un nuevo bombardeo con artefactos aéreos no tripulados cargados con explosivos en el corregimiento de Puerto López, El Bagre, Antioquia, con víctimas animales entre los campesinos locales.
- Pérdidas para el campesinado: La explosión causó la muerte de una vaca y seis caballos, bienes de trabajo y sustento fundamentales para las familias rurales de la zona.
- Crisis humanitaria declarada: La Defensoría del Pueblo emitió alerta roja por confinamientos, desplazamientos forzados y enfrentamientos activos entre grupos armados en la región.
- Apagón prolongado: El municipio lleva más de 72 horas sin electricidad porque el ‘Clan del Golfo’ impide el acceso de los técnicos de EPM para reparar la infraestructura eléctrica dañada.
- Respuesta militar: El Ejército Nacional desplegó tropas del Batallón de Selva N.° 57 para proteger a la población civil y contener la situación de orden público en Puerto López.
¿Qué significa esto?
El ataque con drones en El Bagre no es un hecho aislado: es un síntoma de la transformación tecnológica del conflicto armado colombiano. Que grupos ilegales utilicen drones comerciales adaptados para portar explosivos implica que la brecha tecnológica entre el Estado y los actores no estatales se está reduciendo de forma acelerada, con consecuencias directas para la seguridad de las comunidades rurales. Los campesinos no solo pierden su seguridad física, sino también sus medios de vida —animales de trabajo, cultivos, infraestructura— en ataques que el Estado tiene escasa capacidad de anticipar o prevenir.
El bloqueo eléctrico impuesto por el ‘Clan del Golfo’ revela otra dimensión del conflicto igualmente grave: el control territorial como herramienta de presión sobre la población y el Estado. Privar a un municipio de luz durante más de tres días no es solo un daño técnico; es una demostración de poder que genera terror, interrumpe servicios esenciales como salud y comunicaciones, y evidencia que en amplias zonas del país el monopolio legítimo de la fuerza sigue siendo una aspiración antes que una realidad.
Perspectiva para América Latina
La militarización de drones civiles como arma de guerra irregular es un fenómeno que trasciende las fronteras colombianas. En México, Ecuador y Venezuela se han documentado casos similares de uso de drones por parte del crimen organizado, lo que sitúa a Colombia dentro de una tendencia regional preocupante. Para los países latinoamericanos con presencia de grupos armados organizados, el caso de El Bagre funciona como una advertencia: la tecnología accesible está redefiniendo las reglas del conflicto, y los marcos legales y las capacidades de respuesta del Estado deben actualizarse con urgencia para enfrentar esta nueva realidad.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la situación en El Bagre interpela a toda la región. El confinamiento de comunidades indígenas y campesinas, la restricción al acceso de servicios esenciales y el desplazamiento forzado son violaciones graves del derecho internacional humanitario que exigen atención no solo nacional sino de organismos multilaterales como la CIDH y la ONU, que ya han expresado preocupación reiterada por el deterioro de la situación humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño.
La situación en Puerto López y El Bagre permanece crítica y en evolución. El despliegue militar es un primer paso, pero la experiencia histórica colombiana demuestra que la presencia castrense sin inversión social, institucionalidad civil y diálogo con las comunidades rara vez resulta suficiente para romper el ciclo de violencia. En las próximas horas y días habrá que seguir de cerca el restablecimiento del servicio eléctrico, la evolución humanitaria de las familias desplazadas y la posición del Gobierno nacional frente a esta nueva modalidad de ataque armado en sus territorios más vulnerables.
