Cali se encuentra en el centro de una polémica que involucra millones de pesos cobrados a conductores a través de cámaras de fotomultas cuya legitimidad está siendo cuestionada. El secretario de Movilidad de la ciudad, Sergio Moncayo, salió a calmar las aguas este 26 de mayo de 2026 con un mensaje claro: no existe ninguna sanción firme contra el municipio, y la investigación apenas comienza su fase de recopilación documental.
La declaración llega en un momento de alta tensión ciudadana, luego de que trascendiera que Cali es, según datos de Asocapitales, la ciudad colombiana con mayor número de registros de fotomultas actualmente en investigación. Eso significa que decenas de miles de comparendos emitidos por dispositivos electrónicos podrían estar en entredicho, lo que genera incertidumbre tanto para los conductores sancionados como para las finanzas del municipio.
Contexto y antecedentes
El sistema de fotomultas en Colombia fue concebido como una herramienta moderna para reducir infracciones de tránsito sin necesidad de intervención humana directa. Las cámaras capturan excesos de velocidad, infracciones en semáforos y otras conductas irregulares, generando comparendos automáticos. Sin embargo, la validez legal de estos cobros depende de factores técnicos rigurosos: la calibración certificada de los dispositivos, la homologación de los equipos y el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos por el Código Nacional de Tránsito y las resoluciones del Ministerio de Transporte.
En Cali, las dudas sobre la calibración y el correcto funcionamiento de algunas cámaras han abierto la puerta a una revisión profunda. Entidades nacionales de control habrían solicitado a la Secretaría de Movilidad soportes técnicos y documentos que acrediten la legalidad de los comparendos emitidos. Es en ese proceso donde se encuentra actualmente la administración municipal: reuniendo pruebas, no enfrentando una condena.
Este no es un problema exclusivo de Cali. En los últimos años, varias ciudades colombianas han enfrentado cuestionamientos similares sobre sus sistemas de vigilancia electrónica vial. Bogotá, Medellín y Barranquilla han tenido que revisar contratos, calibraciones y procedimientos ante quejas de ciudadanos que alegan haber sido multados de forma irregular. El caso caleño, sin embargo, destaca por su escala y por ser señalado como el más crítico del país según Asocapitales.
Los puntos clave
- El secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo, confirmó que la investigación sobre los cobros de fotomultas se encuentra en una fase inicial de recopilación de documentos, sin que existan sanciones ni resoluciones firmes en contra del municipio.
- Según Asocapitales, Cali es la ciudad con más registros de fotomultas en investigación a nivel nacional, lo que pone al municipio bajo un escrutinio sin precedentes.
- La Secretaría de Movilidad está analizando detalles técnicos relacionados con la calibración de los dispositivos de captura, un factor determinante para la validez legal de cada comparendo.
- Las autoridades no han determinado hasta el momento ningún proceso de devolución de pagos a conductores que pudieran haber sido multados incorrectamente, aunque se estudia la viabilidad jurídica caso por caso.
- La revisión implica verificar los términos legales y la vigencia de los comparendos emitidos, lo que podría derivar en la anulación de un número aún indeterminado de sanciones.
¿Qué significa esto?
Para los ciudadanos caleños que recibieron fotomultas en el período bajo investigación, la situación es ambigua y, en muchos casos, frustrante. Por un lado, existe la posibilidad de que sus comparendos sean declarados inválidos; por otro, la Secretaría no ha abierto ningún mecanismo formal de reclamación ni ha anunciado devoluciones. La instrucción de revisar ‘caso por caso’ implica que el proceso será largo y que la carga de demostrar una multa irregular podría recaer en parte sobre el propio infractor. Esto pone en desventaja a quienes ya pagaron y no conservan sus soportes.
Desde el punto de vista institucional, el caso expone una fragilidad estructural en la gestión de los sistemas de control electrónico de tránsito en Colombia: la ausencia de mecanismos robustos de verificación continua que garanticen la legalidad de cada dispositivo activo. Si la investigación concluye con la anulación masiva de comparendos, el impacto financiero para Cali podría ser significativo, y el precedente que se siente afectaría la confianza en estos sistemas en todo el país.
Perspectiva para América Latina
El debate sobre las fotomultas en Cali resuena en toda América Latina, donde la tecnología de vigilancia vial se ha expandido rápidamente en la última década sin que siempre hayan madurado al mismo ritmo los marcos regulatorios que la respaldan. Países como México, Chile, Argentina y Perú han adoptado sistemas similares, y en varios de ellos han surgido controversias parecidas: equipos sin calibración vigente, contratos opacos con proveedores privados y ciudadanos multados sin posibilidad real de defensa. El caso colombiano ofrece una lección de gobernanza: la tecnología aplicada al control del tráfico solo es legítima si va acompañada de transparencia técnica, supervisión independiente y canales accesibles de impugnación para los afectados.
Lo que hay que seguir de cerca
En las próximas semanas, la atención estará puesta en los resultados que entregue la Secretaría de Movilidad a las entidades nacionales que solicitaron los documentos de soporte. Si la revisión técnica determina que un número significativo de cámaras operó fuera de los parámetros legales, el municipio deberá definir un mecanismo claro de compensación o anulación de comparendos. Esa decisión, que aún no tiene fecha ni forma definida, marcará el rumbo del caso y determinará si Cali logra recuperar la confianza ciudadana en su sistema de movilidad electrónica.
