En un archipiélago donde el turismo lo es todo, la luz eléctrica no es un lujo: es la diferencia entre tener o no tener sustento. La Alcaldía de Cartagena, encabezada por el mandatario Dumek Turbay Paz, cumplió esta semana una promesa largamente esperada por los habitantes de Isla Grande, en el archipiélago de las Islas del Rosario: la entrega e instalación oficial de una planta eléctrica que busca paliar la severa crisis de suministro energético que padece esta comunidad costera.
La acción del Distrito llega en un momento crítico, cuando el Caribe colombiano vive una de sus peores emergencias energéticas en años recientes. La empresa Air-e, responsable del servicio en tres departamentos de la región, enfrenta una inminente liquidación ordenada por el Gobierno Nacional debido a la deficiencia crónica en la prestación del servicio, dejando a decenas de comunidades costeras —muchas de ellas turísticas y productivas— en una situación de vulnerabilidad extrema.
Contexto y antecedentes
Isla Grande es la más extensa del archipiélago de las Islas del Rosario, declarado Parque Natural Nacional, y alberga una comunidad que depende casi íntegramente del ecoturismo. Sin energía confiable, los hospedajes, restaurantes y servicios básicos colapsan, ahuyentando a los visitantes y golpeando directamente el bolsillo de familias que no cuentan con otra fuente de ingresos. La promesa de la planta eléctrica había sido formulada por el alcalde Turbay durante recorridos previos a la zona, y su materialización representa un primer paso concreto —aunque parcial— frente a una problemática estructural de largo aliento.
La crisis energética del Caribe colombiano no es nueva. Durante años, Air-e y su predecesora Electricaribe acumularon deudas millonarias, déficits operativos y una infraestructura deteriorada que derivó en apagones frecuentes, voltajes irregulares y un servicio que en zonas insulares como las Islas del Rosario prácticamente era inexistente o dependía de soluciones temporales. El descontento se ha traducido en protestas y en un reclamo unificado de los mandatarios regionales del Caribe, quienes exigen al Gobierno Nacional un fondo de salvamento y el desmonte del régimen tarifario actual, que consideran injusto y asfixiante para los usuarios más pobres.
En paralelo, desde la región se ha planteado una propuesta concreta: que el Estado asuma el 50 por ciento de la deuda acumulada por los usuarios del servicio de energía, reconociendo que la crisis tarifaria y el mal servicio han impedido a muchas familias pagar sus facturas. Esta iniciativa refleja la magnitud del problema social que subyace a la emergencia técnica y financiera del sector eléctrico caribeño.
Los puntos clave
- La Alcaldía de Cartagena entregó e instaló oficialmente una planta eléctrica en Isla Grande, cumpliendo una promesa del alcalde Dumek Turbay Paz a la comunidad isleña.
- La comunidad de Isla Grande vive principalmente del turismo, actividad que depende directamente de un suministro eléctrico estable y confiable.
- El Gobierno Nacional alista la liquidación de Air-e, la empresa que presta el servicio de energía en tres departamentos del Caribe colombiano con graves deficiencias.
- Los mandatarios del Caribe exigen un fondo de salvamento nacional y el desmonte del régimen tarifario vigente, que consideran perjudicial para los usuarios de la región.
- Desde el Caribe se propone que el Estado cubra el 50 por ciento de la deuda acumulada por los usuarios de energía eléctrica como medida de alivio social urgente.
¿Qué significa esto?
La entrega de una planta eléctrica en Isla Grande es, ante todo, una solución de emergencia, no una respuesta estructural. Si bien alivia de forma inmediata la situación de una comunidad específica, no resuelve el problema de fondo: la ausencia de una infraestructura eléctrica confiable y moderna en el Caribe colombiano. La liquidación de Air-e abre una ventana de oportunidad para rediseñar el modelo de prestación del servicio en la región, pero también entraña riesgos enormes si el proceso no va acompañado de una hoja de ruta clara que garantice la continuidad del suministro durante la transición.
El impacto más directo lo sienten las comunidades turísticas e insulares, donde la economía informal y los pequeños negocios no tienen capacidad de resiliencia ante cortes prolongados. Pero el efecto dominó alcanza también a la competitividad del turismo caribeño colombiano a nivel regional: Cartagena y sus archipiélagos compiten con destinos como San Andrés, el Caribe centroamericano y las islas del Caribe anglófono, todos con infraestructuras más desarrolladas. Cada apagón es un argumento a favor de otros destinos y una pérdida concreta de divisas para Colombia.
Perspectiva para América Latina
La situación del Caribe colombiano no es un caso aislado en la región. Varios países latinoamericanos enfrentan desafíos similares en zonas insulares y comunidades remotas: la desconexión energética como expresión material de la exclusión territorial. Cuba, Haití, República Dominicana y varias islas del Pacífico colombiano y centroamericano han recurrido históricamente a soluciones parciales —plantas diésel, paneles solares aislados— mientras esperan inversiones de mayor escala. Lo novedoso en el caso colombiano es la presión política coordinada desde los gobiernos regionales del Caribe, que convierte una crisis local en un debate nacional sobre justicia energética y modelos tarifarios. Este tipo de articulación territorial puede servir de referente para otros países de la región que buscan transformar el reclamo comunitario en política pública.
Lo que viene
En las próximas semanas, la atención estará puesta en dos frentes: el proceso de liquidación de Air-e y el modelo que lo reemplazará, y la respuesta del Gobierno Nacional a las exigencias de los mandatarios caribeños respecto al fondo de salvamento y las tarifas. Para Isla Grande, la planta eléctrica es un alivio inmediato, pero la comunidad y el Distrito de Cartagena deberán trabajar en soluciones sostenibles —como la granja solar que ya existe en la zona— para no depender indefinidamente de equipos provisionales que, a largo plazo, resultan más costosos y menos confiables que una conexión estructural al sistema energético nacional.
