La reagrupación familiar podría elevar hasta tres millones el número de inmigrantes regularizados mediante el proceso extraordinario del Gobierno, según el Sindicato Profesional de Policía. Mandos policiales advierten además de un posible aumento del fraude.
Las solicitudes para acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno, que ya rozan los 1,2 millones , podrían disparar aún más el número de extranjeros con papeles en España, según fuentes de la cúpula de Extranjería citadas por el Sindicato Profesional de Policía. Esas mismas fuentes advierten, además, de que el verdadero impacto de la medida podría ser muy superior al inicialmente previsto debido a las previsibles reagrupaciones familiares , que podrían escalar el número de extranjeros regularizados hasta los 3 millones.
Contexto y detalles
El volumen de expedientes ya ha superado ampliamente la previsión inicial del Ejecutivo, que calculaba en unos 500.000 los potenciales beneficiarios cuando se anunció la medida. Sin embargo, cabe destacar que, según la normativa vigente , quienes quieran iniciar un proceso de reagrupación deberán tener recursos fijos suficientes tanto para su manutención, como para la de los miembros de su familia.
«Para unidades familiares que incluyan dos miembros (persona reagrupante y reagrupada) se exige una cantidad mensual del 150% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)», reseña el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en su página web. «Por cada miembro adicional se deberá sumar el 50% del IPREM».
Impacto y perspectiva
La reagrupación familiar es un proceso que permite a los extranjeros regularizados obtener la ciudadanía española, lo que les otorga derechos y beneficios como el derecho al trabajo, la educación y la asistencia social. Sin embargo, muchos expertos han criticado la forma en que se ejecuta este proceso, destacando la necesidad de una mayor transparencia y eficiencia.
Mandos policiales citados por el diario ‘El Mundo’ también critican que el Gobierno haya dejado la gestión del proceso en manos de este Ministerio, mientras que el papel de la Policía Nacional quedaría limitado, principalmente debido a la falta de recursos para cubrir las necesidades de los ciudadanos. «Es un proceso muy complejo y requiere una gran cantidad de recursos», afirma uno de ellos.
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