El hallazgo del cuerpo de Marcela Gómez Sepúlveda dentro de un costal en el barrio La Rivera de Cali ha conmocionado a Colombia y reavivado el debate urgente sobre la violencia feminicida en el país. El padre de la joven no dejó espacio para la ambigüedad al describir lo ocurrido: ‘Fue un asesinato brutal’, declaró ante las autoridades, resumiendo en cuatro palabras el horror de un crimen que investiga el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.
La Policía Metropolitana de Cali ha desplegado un operativo de recolección de evidencias digitales, revisando el material de cámaras de seguridad instaladas en la zona donde fue encontrado el cuerpo. Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente la hipótesis del crimen ni han revelado la causa exacta de muerte, la brutalidad del hallazgo —una mujer joven embalada en un costal— apunta a un feminicidio premeditado que exige respuestas rápidas y contundentes.
Contexto y antecedentes
Colombia ocupa uno de los lugares más alarmantes de América Latina en materia de violencia contra la mujer. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, en 2025 se registraron más de 600 feminicidios en el territorio nacional, una cifra que organizaciones como No Es Hora de Callar califican de subestimada dado el subregistro existente. Cali, la tercera ciudad más grande del país, ha sido escenario recurrente de este tipo de crímenes, agravados por la presencia de estructuras criminales y un contexto de inseguridad generalizada.
El caso de Marcela no es el primero que sacude a la capital del Valle del Cauca en lo que va de 2026. La ciudad ha visto en los últimos meses un incremento preocupante en la desaparición de mujeres jóvenes, muchas de las cuales terminan siendo víctimas de redes de trata, violencia de pareja o crimen organizado. Esta acumulación de casos ha generado presión ciudadana sobre las autoridades locales para articular estrategias de prevención más efectivas y garantizar investigaciones penales que lleguen hasta sus últimas consecuencias.
La organización feminista No Es Hora de Callar, activa desde 2019 cuando fue fundada por la periodista Jineth Bedoya, ha convocado en repetidas ocasiones movilizaciones masivas exigiendo al Estado colombiano que los feminicidios dejen de tratarse como crímenes pasionales o hechos aislados, y sean reconocidos como un problema estructural que requiere política pública de largo aliento.
Los puntos clave
- El cuerpo de Marcela Gómez Sepúlveda fue hallado dentro de un costal en el barrio La Rivera de Cali, una modalidad de ocultamiento que las autoridades asocian frecuentemente con crímenes premeditados y organizados.
- El CTI de la Fiscalía lleva la investigación, lo que indica que el caso es tratado con la seriedad que merece un posible feminicidio, delito autónomo tipificado en Colombia desde 2015 con penas de hasta 50 años de prisión.
- La Policía revisa grabaciones de cámaras de seguridad del sector, un paso crucial para identificar a los responsables y reconstruir la línea de tiempo del crimen.
- El padre de la víctima describió el hecho como ‘un asesinato brutal’, lo que sugiere que hay indicios visibles de violencia extrema en el cuerpo de la joven.
- Activistas y organizaciones feministas han rechazado públicamente el crimen y exigen que las autoridades actúen con celeridad para evitar la impunidad que históricamente ha caracterizado estos casos en Colombia.
¿Qué significa esto?
Más allá del drama humano que representa la pérdida de una vida joven, el caso de Marcela Gómez Sepúlveda pone sobre la mesa una falla sistémica que Colombia no ha logrado resolver: la desconexión entre la denuncia, la investigación y la justicia efectiva en casos de violencia de género. Cuando una mujer desaparece, las primeras horas son críticas; sin embargo, los protocolos de búsqueda en Colombia siguen siendo lentos y burocráticamente rígidos, lo que en muchos casos reduce las posibilidades de encontrar a las víctimas con vida. Que Marcela haya sido hallada sin vida en un costal sugiere que el sistema falló antes de que el crimen ocurriera.
El impacto de este caso no se limita a la familia de la víctima. Cada feminicidio que se hace público erosiona la sensación de seguridad de miles de mujeres colombianas que ajustan sus rutinas, limitan su movilidad y viven con el miedo como compañero cotidiano. Eso tiene un costo social y económico enorme que rara vez se cuantifica: mujeres que no pueden ejercer plenamente su libertad no pueden tampoco contribuir plenamente a la sociedad. La violencia feminicida, en ese sentido, no solo destruye vidas individuales: debilita el tejido colectivo.
Perspectiva para América Latina
Colombia no está sola en esta crisis. América Latina es la región con las tasas de feminicidio más altas del mundo, según ONU Mujeres. México, Honduras, El Salvador, Brasil y Venezuela encabezan las estadísticas más sombrías, pero ningún país de la región ha logrado articular una respuesta institucional verdaderamente eficaz. El caso de Marcela resuena en toda la región porque replica un patrón conocido: mujer joven, desaparición, hallazgo del cuerpo, indignación social y, con demasiada frecuencia, impunidad. Las movilizaciones feministas —desde el 8M hasta el ‘Un violador en tu camino’ del colectivo chileno LasTesis— han logrado visibilizar el problema, pero la transformación institucional sigue siendo lenta y desigual.
Para las comunidades latinoamericanas que siguen este tipo de noticias desde el exterior, el caso también es un recordatorio de por qué la diáspora exige con tanta urgencia reformas estructurales en sus países de origen. La violencia de género no es cultura ni destino: es una falla del Estado que puede y debe corregirse con voluntad política, recursos y compromiso real.
La investigación del CTI está en curso y las próximas semanas serán determinantes para establecer la autoría del crimen y esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Marcela Gómez Sepúlveda. Lo que hay que seguir de cerca es si la Fiscalía logra avanzar con celeridad, si el caso se tipifica formalmente como feminicidio y si las autoridades de Cali responden con medidas concretas de prevención. Colombia —y toda América Latina— necesita que este caso no se convierta en otro expediente olvidado.
