Una investigación de la Superintendencia de Transporte de Colombia podría dejar sin efecto más de 5,8 millones de fotomultas impuestas en todo el país, lo que abriría la puerta para que los ciudadanos reclamen la devolución de más de un billón de pesos. La medida afectaría a 37 organismos de tránsito señalados por presuntas irregularidades en el funcionamiento de sus cámaras de fotodetección.
Una investigación que sacude el sistema de tránsito
La Superintendencia de Transporte, conocida como SuperTransporte, inició un proceso formal contra 37 entidades de tránsito del país tras detectar anomalías en el uso de los dispositivos tecnológicos empleados para imponer comparendos a conductores. Las irregularidades encontradas cuestionan la validez legal de millones de sanciones aplicadas durante los últimos años.
Según las autoridades competentes, las fallas detectadas van desde problemas técnicos en la calibración de los equipos hasta posibles vicios de procedimiento en la forma en que se notificaron las infracciones a los ciudadanos. Esto significaría que una parte importante de las multas cobradas carecería del sustento jurídico suficiente para mantenerse en firme.
¿Cuánto dinero está en juego?
Los cálculos preliminares indican que el monto total de las fotomultas bajo escrutinio podría superar el billón de pesos colombianos, una cifra que refleja la magnitud del sistema de vigilancia vial desplegado en las principales ciudades del país. En Medellín, por ejemplo, el concejal Julián Forero había señalado que la ciudad opera con 92 cámaras de fotomultas, lo que da una idea del alcance territorial de este mecanismo de control.
Si la investigación concluye que las multas fueron impuestas de manera irregular, los afectados tendrían derecho a solicitar la devolución de los valores pagados, un proceso que podría generar una presión fiscal considerable sobre los organismos de tránsito involucrados.
Las irregularidades que encontró el Gobierno
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, ha estado al tanto del proceso y su cartera ha respaldado las acciones de la SuperTransporte. Las irregularidades identificadas apuntan a que varios organismos de tránsito habrían operado cámaras de fotodetección sin cumplir todos los requisitos técnicos y legales exigidos por la normativa colombiana vigente.
Entre los aspectos cuestionados se encuentran la falta de certificaciones actualizadas de los equipos, posibles deficiencias en los procesos de notificación a los infractores y la ausencia de controles adecuados sobre el funcionamiento de los dispositivos en campo. Estos elementos, de comprobarse, invalidarían las actuaciones administrativas derivadas de dichas cámaras.
Posibles sanciones y efectos para las autoridades locales
La SuperTransporte advirtió que las sanciones económicas para las entidades involucradas podrían equivaler al doble del valor de las multas irregulares identificadas. Esto pondría en una situación financiera crítica a varios organismos de tránsito municipales y departamentales, muchos de los cuales dependen de los ingresos generados por estas fotomultas para financiar parte de sus operaciones.
Para los ciudadanos que pagaron comparendos bajo estas condiciones irregulares, la recomendación de expertos jurídicos es guardar todos los comprobantes de pago y estar atentos a las decisiones que tome la SuperTransporte en las próximas semanas, ya que estas definirán si procede o no la reclamación formal de devoluciones.
El caso pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer la supervisión sobre los sistemas tecnológicos usados en el control vial, garantizando que los derechos de los conductores sean respetados en todo momento.
