Cuatro personas fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados a un costado de vías terciarias en inmediaciones de la vereda San Isidro, corregimiento de Mondomo, en el norte del departamento del Cauca. Las autoridades lograron identificar a tres de las cuatro víctimas, todas oriundas del municipio de Morales, en una zona que lleva décadas atrapada en la espiral de violencia generada por grupos armados ilegales que disputan el control territorial del suroccidente colombiano.
El hallazgo de los cuerpos en carreteras rurales aisladas es una práctica recurrente de los grupos armados en la región como método de terror y control social. Este hecho se suma a una oleada de violencia que en los últimos días ha golpeado al Cauca con particular intensidad, dejando al descubierto la fragilidad del Estado en uno de los territorios más conflictivos del país.
Contexto y antecedentes
El norte del Cauca es uno de los corredores estratégicos más disputados de Colombia. Allí confluyen intereses de distintas organizaciones armadas ilegales, entre ellas estructuras disidentes de las extintas FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016, el ELN y grupos de crimen organizado vinculados al narcotráfico. El municipio de Morales y el corregimiento de Mondomo forman parte de este corredor crítico, donde la presencia del Estado ha sido históricamente débil y donde las comunidades campesinas e indígenas son las principales víctimas.
El departamento del Cauca acumula uno de los índices más altos de masacres en Colombia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la región figura año tras año entre las más afectadas por este tipo de crímenes colectivos. Solo en los días previos a este hecho, el Cauca registró un ataque con explosivos contra menores de edad en un parque —que dejó seis niños heridos, uno de ellos aún en cuidados intensivos en Cali— y el ataque armado a un concejal en el municipio de Florida, Valle del Cauca.
La hipótesis que manejan las autoridades sobre esta masacre apunta, como en casos anteriores, a retaliaciones o acciones de ‘control social’ por parte de alguno de los grupos armados con presencia en la zona. La modalidad —cuerpos abandonados en carreteras rurales— es una firma característica del terror paramilitar y disidente que busca enviar mensajes a la población local.
Los puntos clave
- Cuatro personas fueron asesinadas y sus cuerpos hallados en vías terciarias cerca de la vereda San Isidro, en el corregimiento de Mondomo, norte del Cauca.
- Tres de las cuatro víctimas fueron identificadas y son oriundas del municipio de Morales, lo que sugiere que podrían haber sido trasladadas hasta el lugar del hallazgo tras ser ejecutadas.
- Las autoridades manejan una hipótesis sobre los responsables, aunque no se ha formalizado una imputación pública, lo que refleja las dificultades judiciales que enfrenta el Estado en zonas de alta conflictividad.
- El norte del Cauca registra múltiples hechos violentos en días recientes, incluyendo un ataque con explosivos contra niños y el atentado a un funcionario electo, lo que evidencia un recrudecimiento del conflicto armado en la región.
- La zona de Mondomo forma parte de un corredor narco y armado donde grupos disidentes de las FARC y otras estructuras criminales disputan el territorio con métodos de terror contra la población civil.
¿Qué significa esto?
Esta masacre no es un hecho aislado: es el síntoma de un conflicto armado que lejos de ceder se ha intensificado en el suroccidente colombiano. La concentración de múltiples hechos violentos en un lapso corto de tiempo en el Cauca —masacres, ataques contra menores, atentados a funcionarios— indica que alguno o varios grupos armados están en una fase ofensiva, posiblemente relacionada con disputas territoriales por el control de rutas del narcotráfico o por la expansión de cultivos ilícitos en la región. Las víctimas, como ocurre invariablemente, son civiles: campesinos sin protección, trabajadores que circulan por carreteras rurales, niños que juegan en un parque.
Para el Gobierno nacional, estos hechos representan un desafío político y de seguridad de primer orden. La administración de Gustavo Petro ha apostado por la ‘Paz Total’, una política de negociaciones simultáneas con distintos grupos armados, pero los resultados en el Cauca han sido cuestionados por la persistencia —y en algunos períodos el agravamiento— de la violencia. La pregunta que se instala inevitablemente es si las comunidades del norte del Cauca están viendo algún beneficio concreto de esa apuesta diplomática mientras sus integrantes siguen muriendo en carreteras.
Perspectiva para América Latina
Colombia no es el único país de la región donde las masacres en zonas rurales se han convertido en una tragedia recurrente. México, Honduras, Ecuador y Haití enfrentan fenómenos similares de violencia territorial ejercida por organizaciones criminales que suplanta al Estado en vastas porciones del territorio. El caso del Cauca es, en ese sentido, un espejo regional: muestra lo que ocurre cuando el Estado no tiene presencia efectiva en territorios con recursos estratégicos —en este caso, la tierra y las rutas del narcotráfico— y los actores ilegales llenan ese vacío con terror. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos siguen con atención el deterioro de la situación en el suroccidente colombiano.
Para los países vecinos como Ecuador y Perú, que comparten con Colombia la presión del narcotráfico y la expansión de grupos armados transnacionales, lo que ocurre en el Cauca es también una señal de alerta. Las disidencias de las FARC han ampliado su radio de acción hacia esos territorios, lo que convierte esta crisis en un asunto de seguridad regional y no meramente interno.
Mientras las autoridades colombianas avanzan en la identificación de la cuarta víctima y en el esclarecimiento de los responsables, lo que hay que seguir de cerca es si el Estado logra traducir esas diligencias judiciales en capturas y condenas efectivas —algo que históricamente ha sido la excepción y no la regla en esta región— y si el recrudecimiento de la violencia obligará al Gobierno a revisar su estrategia de seguridad en el norte del Cauca antes de que la cuenta de víctimas siga creciendo.
