La Sociedad de Activos Especiales (SAE) de Colombia enfrenta una situación crítica en el proceso de liquidación de las empresas que pertenecieron a Enilce del Rosario López Romero, conocida como ‘La Gata’, lugarteniente del paramilitarismo en la Costa Caribe colombiana. La entidad detectó inconsistencias graves en los registros laborales y en el cumplimiento de pagos a extrabajadores, lo que ha generado alarma entre quienes esperan desde hace años una compensación económica justa.
Las alertas internas llevaron a la SAE a redefinir su estrategia para avanzar en las acreencias pendientes. Los extrabajadores de los bienes y empresas que fueron extintos de dominio permanecen a la expectativa, en un proceso que se ha extendido durante años sin una resolución clara y que ahora enfrenta nuevas complicaciones administrativas que amenazan con prolongar aún más su desenlace.
Contexto y antecedentes
Enilce López Romero, ‘La Gata’, fue una de las figuras más polémicas de la política y el crimen organizado en Colombia, especialmente en el departamento de Bolívar. Reconocida como dueña de un vasto empire de empresas de apuestas, fincas y negocios varios, fue señalada de tener vínculos con grupos paramilitares y de financiar actividades ilegales. Fue condenada por sus nexos con el paramilitarismo y falleció el 14 de enero de un año reciente, dejando un entramado de bienes que el Estado colombiano venía persiguiendo mediante procesos de extinción de dominio.
La SAE es la entidad encargada en Colombia de administrar y liquidar los bienes que el Estado incauta a través de procesos de extinción de dominio o vinculados a investigaciones por crimen organizado, narcotráfico y corrupción. En el caso de ‘La Gata’, el portafolio de activos incluía fincas, empresas y propiedades en varias regiones del Caribe colombiano, muchas de las cuales empleaban trabajadores directos e indirectos que hoy reclaman sus derechos laborales.
Las fallas detectadas ahora no son menores: inconsistencias en la información de extrabajadores implican que los registros sobre quiénes laboraron en esas empresas, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones no coinciden con la realidad documentada. Esto no solo retrasa los pagos, sino que pone en riesgo la credibilidad del proceso y la posibilidad de que muchos trabajadores cobren lo que legítimamente les corresponde.
Los puntos clave
- La SAE detectó inconsistencias en la información de extrabajadores vinculados a las empresas que pertenecieron a Enilce López Romero, alias ‘La Gata’, lo que obliga a revisar todo el proceso de liquidación.
- Los pagos a extrabajadores están en pausa mientras la entidad redefine su estrategia para ordenar las acreencias y verificar la veracidad de los registros laborales disponibles.
- ‘La Gata’ falleció en enero, lo que añadió una nueva dimensión jurídica y administrativa al proceso, ya que su muerte modifica algunos aspectos del trámite legal vinculado a sus bienes.
- El portafolio de activos intervenidos incluye fincas, empresas y propiedades en el Caribe colombiano, una herencia patrimonial del crimen organizado que el Estado intenta convertir en reparación para la sociedad.
- La demora en los procesos de extinción de dominio es una problemática recurrente en Colombia, donde miles de trabajadores quedan atrapados en trámites que pueden durar décadas sin resolución definitiva.
¿Qué significa esto?
Las inconsistencias en los registros laborales revelan una falla sistémica que va más allá del caso de ‘La Gata’. Cuando el Estado colombiano extingue el dominio sobre bienes del crimen organizado, hereda también las obligaciones laborales de esas empresas, muchas de las cuales operaban en la informalidad o con documentación precaria. Esto crea una paradoja: el Estado busca hacer justicia y recuperar activos ilegales, pero en el proceso puede terminar perjudicando a los trabajadores más vulnerables, quienes no tenían conocimiento de la naturaleza criminal de sus empleadores y que simplemente trabajaron para ganarse la vida.
El impacto más directo recae sobre los extrabajadores, personas de sectores populares del Caribe colombiano que llevan años esperando liquidaciones, cesantías y otros beneficios laborales. Cada demora adicional agrava su situación económica y erosiona la confianza en el sistema de justicia patrimonial del país. Para la SAE, este episodio representa también un desafío institucional: debe demostrar que puede gestionar con eficiencia activos complejos y al mismo tiempo garantizar los derechos de quienes nada tuvieron que ver con los delitos que motivaron la extinción de dominio.
Perspectiva para América Latina
Colombia no es el único país latinoamericano que enfrenta el reto de gestionar activos incautados al crimen organizado. México, Perú, Guatemala y Bolivia, entre otros, han desarrollado entidades similares para administrar bienes del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, el caso colombiano es ilustrativo de un problema regional: la brecha entre la voluntad política de recuperar esos activos y la capacidad técnica y administrativa para hacerlo de forma transparente y eficiente. En muchos países, los bienes incautados se deterioran, son mal administrados o generan nuevos conflictos laborales y jurídicos, convirtiéndose en una carga para el Estado en lugar de un beneficio para la sociedad.
El modelo colombiano de la SAE, con todos sus desafíos, sigue siendo una referencia en la región. Las lecciones que emerjan de casos como el de ‘La Gata’ —cómo manejar los derechos laborales de los trabajadores de empresas ilegales, cómo mantener registros confiables y cómo agilizar liquidaciones— son conocimiento valioso que puede y debe compartirse entre los países latinoamericanos que lidian con el mismo problema estructural.
El proceso de liquidación de los bienes de ‘La Gata’ se encuentra en un momento decisivo. La SAE deberá resolver las inconsistencias detectadas, garantizar los pagos a los extrabajadores y demostrar que el Estado colombiano tiene la capacidad de cerrar con legitimidad uno de los capítulos más complejos del paramilitarismo en el Caribe. Lo que ocurra en las próximas semanas marcará un precedente importante para futuros procesos de extinción de dominio en el país.
