Un hombre de la tercera edad fue asesinado a tiros dentro de su propia vivienda en el barrio Carrizal de Barranquilla, en un ataque perpetrado por sicarios que, según las primeras investigaciones, no buscaban a él sino a su hijo, presunto integrante de la banda criminal conocida como ‘Los Pepes’. La víctima, identificada como John Rodríguez Márquez, se convirtió así en un daño colateral de la guerra que libran dos organizaciones delictivas por el dominio territorial de la capital del Atlántico.
El crimen ocurrido en Carrizal no es un hecho aislado: se inscribe en una escalada de violencia que tiene en vilo a comunidades enteras de Barranquilla y su área metropolitana, donde la disputa entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ ha dejado un rastro de muertes, extorsiones y terror que las autoridades aún no logran contener de manera efectiva.
Contexto y antecedentes
‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ son los dos grupos delincuenciales con mayor presencia y poder en Barranquilla. Durante los últimos años, ambas organizaciones han protagonizado una confrontación sangrienta por el control de rentas ilícitas que incluyen el microtráfico de drogas, la extorsión a comerciantes, el cobro de ‘vacunas’ a transportadores y el dominio de economías informales en los barrios populares de la ciudad. Esta guerra no respeta fronteras entre combatientes y civiles.
Los antecedentes recientes son alarmantes. En el municipio de Soledad, contiguo a Barranquilla, los motocarristas llegaron a paralizar sus actividades por el miedo a las extorsiones, señalando directamente a ‘Los Costeños’ como responsables de las amenazas. En Malambo, otro municipio del área metropolitana, fue asesinado Héctor Jiménez Hoyos en un hecho vinculado a la misma dinámica criminal. La geografía de la violencia se expande más allá de los límites administrativos de la capital atlántica.
Lo que hace especialmente grave el caso de John Rodríguez Márquez es el método: los sicarios irrumpieron en una vivienda privada buscando a un objetivo específico y, al no encontrarlo —o sin importarles encontrarlo—, ejecutaron al padre. Esta táctica de presión sobre los familiares de presuntos integrantes de bandas rivales o aliadas representa una escalada en los niveles de brutalidad y un mensaje intimidatorio dirigido tanto a los combatientes como a la población civil que los rodea.
Los puntos clave
- Víctima equivocada: John Rodríguez Márquez fue asesinado en su casa del barrio Carrizal; el objetivo real de los sicarios habría sido su hijo, señalado como presunto miembro de ‘Los Pepes’.
- Disputa territorial activa: El crimen se enmarca en la confrontación entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, los dos grupos criminales dominantes en Barranquilla, por el control de rentas ilícitas en la ciudad.
- Expansión del terror: La violencia asociada a estas bandas ya afecta a municipios del área metropolitana como Soledad y Malambo, paralizando actividades económicas informales por miedo a las extorsiones.
- Civiles en la línea de fuego: El asesinato de un adulto mayor en su propia vivienda evidencia que los grupos armados han abandonado cualquier límite en su accionar, convirtiendo a familiares de presuntos integrantes en blancos legítimos.
- Presión sobre autoridades: La magnitud de la crisis de seguridad en Barranquilla pone en entredicho la efectividad de las estrategias policiales y judiciales desplegadas hasta el momento en el Atlántico.
¿Qué significa esto?
El asesinato de John Rodríguez Márquez revela una lógica criminal que va más allá del enfrentamiento entre bandas: es una estrategia de terror social. Cuando los sicarios atacan a los familiares de sus objetivos, envían un mensaje que trasciende a la persona buscada y se instala en el miedo colectivo del barrio. Los vecinos, los familiares, los comerciantes cercanos: todos quedan expuestos y advertidos. Esta táctica no es nueva en el conflicto urbano colombiano, pero su uso sostenido en Barranquilla indica que la disputa entre ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ ha entrado en una fase de mayor intensidad y crueldad.
Las consecuencias son múltiples y devastadoras. En el plano humano, familias enteras quedan atrapadas por el vínculo —real o supuesto— de uno de sus miembros con el crimen organizado, sin que existan mecanismos estatales suficientes de protección para ellas. En el plano económico y social, la extorsión sistemática y el miedo paralizan las economías informales que sostienen a miles de hogares en los estratos populares de la ciudad. Y en el plano institucional, cada asesinato que queda impune fortalece la percepción de que el Estado no controla estos territorios.
Perspectiva para América Latina
Lo que ocurre en Barranquilla no es un fenómeno exclusivo de Colombia. La dinámica de bandas criminales que disputan el control territorial en ciudades costeras y puertos estratégicos, usando el terror sobre la población civil como herramienta de dominación, es un patrón reconocible en ciudades como Guayaquil en Ecuador, Tegucigalpa en Honduras o algunas zonas urbanas de Venezuela y México. El ‘error’ de matar al padre en lugar del hijo —o la deliberada elección de hacerlo como advertencia— refleja una racionalidad criminal que los expertos en seguridad latinoamericana llevan años documentando: la familia como territorio de guerra.
Para los gobiernos de la región, el caso de Barranquilla es una señal de alerta sobre los límites de las estrategias puramente represivas frente al crimen organizado urbano. Sin intervención social profunda en los barrios más vulnerables, sin generación de oportunidades económicas y sin protección efectiva a quienes denuncian, la violencia tiende a consolidarse y a reproducirse con mayor ferocidad.
Mientras la Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones sobre el crimen en Carrizal, la comunidad del barrio y de zonas aledañas vive bajo la sombra del miedo. Lo que hay que seguir de cerca es si las autoridades logran identificar y capturar a los responsables materiales e intelectuales del ataque, y si el Estado colombiano avanza en una estrategia integral que aborde no solo la persecución penal de estas bandas, sino también el desmantelamiento de las condiciones sociales y económicas que les permiten reclutar, operar y aterrorizar impunemente en la segunda ciudad más grande del Caribe colombiano.
